La Fundación Garrigou, que defiende la plena participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad, valora de forma muy positiva que estemos más cerca de que se apruebe la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
La norma se aprobaba este martes en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con el voto a favor de todos los partidos políticos excepto Vox que optaba por la abstención. El siguiente paso es la tramitación de esta iniciativa en el Senado. Con la nueva normativa, se busca que la legislación española se aproxime a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad celebrada en Nueva York en 2006.
Un apoyo personalizado
Desde la Fundación Garrigou señalan que lo más favorable del Proyecto de Ley es su apuesta por “un apoyo personalizado”, ya que señalan que “es imprescindible que se contemple el que por necesitar apoyos de diferente tipo una persona no pasa a estar incapacitada”.
Una palabra, “apoyo”, que en la nueva propuesta tiene un significado muy amplio, ya que engloba, según la exposición de motivos del texto legal “desde el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad”.
Y es que, más allá del cambio de terminología, la nueva norma lo que busca es demostrar que las personas con discapacidad tienen derecho a la toma de sus propias decisiones. Una reivindicación que hace suya la Fundación Garrigou, añadiendo en palabras de su vicepresidente, Cristina Gerechter, que “solo cuando consigamos una sociedad en la que las personas con discapacidad intelectual tienen su espacio en igualdad de condiciones, estaremos ante una sociedad justa”
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